ALGUIEN TIENE QUE DECIRLO.- Sí en México llega a crecer un
movimiento en contra de la corrupción
de una manera auténtica y verdadera, por
la inconformidad de un tocar
fondo de la conducta política, social y el saqueo nacional; entonces se tendría
que comenzar por eliminar actos de corrupción legalizada, con una acción
reformista histórica de actos inmorales permitidos y que han sido heredados por
el concierto de un derecho internacional, y que cada región ha vestido de sus
propias modalidades y particularidades. Un ejemplo es la figura del notario,
que apareció como un escribano designado por la divinidad de un santo, que le
permitía convertir actos de fe y de acuerdos bilaterales en inobjetables.
Posteriormente al desaparecer la creencia santísima, los escribanos continuaron
sus constancias indubitables, cambiando a su santo por un número de notaría,
hasta llegar a la actualidad con ganancias millonarias y con su facultad de
fedatarios que llegaron a heredar a sus hijos y que después se enmarcó en un
supuesto examen de oposición, que ha sido avalado por el titular del poder ejecutivo
y otros influyentismos. El notario que brinda formalidad y validez jurídica a
diferentes actos, debe ser sustituido en el saneamiento de abusos, por medio de
la aparición de los juzgados de lo notarial, a los cuales se podría acudir, mediante el procedimiento de
jurisdicción voluntaria y levantar una acta jurisdiccional pasada ante el
secretario de acuerdos como fedatario, y evitar los altos honorarios abusivos
del notario, y que para algunos, llegan a ser inalcanzables, al grado de no
poder formalizar la compraventa de un inmueble bajo su escrituración o
regularizar su propiedad de interés
público. Actualmente, es el caso que los notarios se llevan ganancias jugosas
por simples honorarios en operaciones patrimoniales o sin controversias, cuando
no deberían ser actuaciones lucrativas y que se disfrazan en programas
sociales, como el caso de los testamentos, intestados, y otras delicias para
sus bolsillos que reunen en una
intervención injustificada y en la corrupción legalizada. De igual manera,
podemos hablar de otras parasitosis jurídicas, que en un momento histórico
pudieron ser prácticas y ahora son maliciosas. Los edictos por ejemplo, que son
anuncios en los periódicos de mayor circulación y por lo tanto costo, con el
fin de respetar el derecho de audiencia y llamar a juicio, al demandado o tercero interesado, del cual se ignora su
domicilio o localización, cuando ahora existen otros medios alternativos de
comunicación que podrían ser gratuitos o de muy bajo costo y con mayor
efectividad que los medios tradicionales. De igual manera podrían presentarse
otras reformas de avanzada y de ejemplo mundial, que darían mayor accesibilidad
a registros, búsquedas y otras acciones procedimentales que han provocado
ganancias oportunistas y exageradas con el aval de la legislación de cada
materia y que rayan en la corrupción y el abuso funcional tradicionalista. Es
claro que tales iniciativas deben ser puestas sobre la mesa de discusión y
llegar al poder ejecutivo como iniciativa y al legislativo como efectivo realizador
de reformas tan importantes y nunca antes propuestas en el mundo del derecho
moderno y que serían reflejo de una verdadera transformación de la vida pública
y jurídica del país.
